La primavera de 1979 marcó un punto de inflexión en el paso de la dictadura franquista a la actual monarquía parlamentaria. La renovación de los ayuntamientos de acuerdo con los resultados de las elecciones del 3 de abril significó el comienzo de una nueva y decisiva etapa en el proceso democratizador. Era el momento en el que, por fin, las instituciones locales iban a poder adquirir la legitimidad perdida a largo de los años y, de este modo, se iba a lograr extender y consolidar el sistema de derechos y libertades por todos los pueblos y ciudades del país.